Los juristas califican la situación como un escenario de anarquía, burla al derecho y terror judicial “al que nos quiere llevar el Ministerio Público, al parecer todo es permitido. Todo es válido. Aquí vale todo, salvo que sea para respetar los derechos de los sometidos a escrutinio judicial”, cita el documento.
La defensa del mayor general Adán Cáceres, cuestionó la neutralidad con la que se ha manejado la jueza Yanibet Rivas en el caso Coral y depositó una denuncia en su contra ante el Consejo del Poder Judicial, para que la misma sea sometida a un juicio disciplinario.
De acuerdo con la querella, Rivas violó el artículo 66 de la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, 69 de la Constitución de la República Dominicana y 83 del Código Penal Dominicano, que regula los derechos y deberes de los magistrados del orden judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, estableciendo las normas de trabajo entre estos, para garantizar la idoneidad, estabilidad e independencia de los mismos.
Los abogados explican que su cliente en base a su línea de defensa, ha impugnado decisiones, ha realizado solicitudes de resolución de peticiones, algunas de las cuales han sido aceptadas y otras no.
“Ha solicitado peritajes, ha procurado juramentación de peritos, ha presentado incidentes frente a los querellantes que dicen representar al Estado dominicano, ha asumido una posición definida y clara con respecto a la solicitud de fusión del Ministerio Público en correspondencia con su línea de acción”, dice el documento.
Manifestaron que el ciudadano Adán Cáceres ha objetado líneas discursivas del Ministerio Público y de algunas partes, ha depositado pruebas a descargo y ajustado matemáticamente sus medios al devenir del desarrollo del proceso.
“Cáceres ha virado sus cartas sobre la mesa jurisdiccional pensando que las reglas del juego también lo estaban. A la fecha, sólo queda plantear oralmente las consecuencias que se subsumen de esas medidas que, por cuestiones de plazos e imposición, ha tenido que realizar sin demora conforme el ritmo de este proceso, incluso sin tener el tiempo necesario para conocer el alto volumen de papeles, al que de forma digital, el Ministerio Público pretende dar carácter de prueba en este proceso dirigido y cautelado por la jueza denunciada”.
Los juristas califican la situación como un escenario de anarquía, burla al derecho y terror judicial “al que nos quiere llevar el Ministerio Público, al parecer todo es permitido. Todo es válido. Aquí vale todo, salvo que sea para respetar los derechos de los sometidos a escrutinio judicial”, cita el documento.
Cristian Ramírez, Romer Jiménez y Francisco Álvarez, expresaron que el juez debe ser neutral frente al proceso “no puede presumir lo que conviene o no a las partes. Tiene la obligación de notificar a todos los involucrados sobre los hechos de la causa, máxime si afectan la carga de acusación y pruebas de la instancia que se ventila”.
