Los imputados en la red desmantelada durante la Operación Gavilán realizaron transferencias millonarias adulterando los conceptos de las mismas para disfrazar el objeto ilícito, según la solicitud de medida de coerción presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
De acuerdo con la acusación, los miembros de la presunta red utilizaron su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento y antecedentes penales.
El expediente detalla que, los imputados en la red eliminaron registros penales de personas procesadas, así como de condenados provisionalmente y definitivamente por delitos graves como narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros.
De acuerdo con la acusación, los miembros de esta red crearon un esquema criminal sostenible en el tiempo con ramificaciones a nivel nacional, que funcionaba bajo el siguiente esquema: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y «franqueo» o colocación de sellos para salir del país.
Además, se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional a quienes eliminaron antecedentes penales graves y los integraron a la red criminal.
Según la acusación, los implicados en la red integraron a parejas, familiares y personas relacionadas a quienes utilizaban para realizar movimientos financieros con el dinero producto del soborno recibido y así evadir la persecución.
El expediente explica que la presunta red trabajaba de manera organizada, con características propias de las organizaciones del crimen organizado.
