El Ministerio de Agricultura se convirtió en la primera de ocho instituciones en instalar a un oficial de cumplimiento para garantizar la transparencia en los procesos compras, contrataciones y administración de los recursos del Estado.
La medida forma parte de un plan piloto apegado al Decreto 36-21 del presidente Luis Abinader, en el que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas.
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