El mismo detalla que los responsables de los sectores centralizados y descentralizados de la administración pública tienen el compromiso de trabajar en la aplicación de un modelo de gestión al servicio de los ciudadanos.
Asimismo, explica que a raíz de la frustración de los ciudadanos por la “separación entre promesas y resultados”, resulta necesario que los funcionarios públicos asuman la obligación de elevar los niveles de confianza ciudadana en las instituciones estatales, relata una nota de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio.
El texto, el cual rubricó Bisonó este martes, señala que tanto el Presidente de la República como la titular de la Comisión de Ética son los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se asumen.
Obligaciones asumidas en el acuerdo
Cada uno de los signatarios del acuerdo está obligado a actuar con apego a la constitución de la República y al ordenamiento jurídico legal vigente en el país, así como a los actos que se emanen del Poder Ejecutivo y demás poderes públicos.
También, a seguir los lineamientos del programa de gobierno del presidente Luis Abinader y que si fuese necesario realizar algún cambio, a dar las debidas explicaciones a la sociedad.
A observar los principios y valores éticos y de integridad propios de la función pública, siempre con una actitud de humildad, decoro y honradez, y una conducta intachable tanto en la vida pública como en la privada.
A actuar con respeto y motivación hacia el personal bajo su dirección, y de estar atento a la renovación permanente de sus conocimientos y fortalecimiento de la ética.
A cumplir, de manera oportuna, con la obligación que impone la Ley de Declaración Patrimonial de Bienes; con el Procedimiento de Elaboración y Ejecución Presupuestaria, el cumplimiento de la Ley de Compras de Bienes y Servicios, Licitaciones Públicas y con las disposiciones acerca de la ética, transparencia e integridad dentro del Gobierno.
A proceder con total transparencia frente a la sociedad, comprometiéndose a rendir cuentas sobre todas las actuaciones que se ejecuten y a garantizar la institucionalidad, la confianza y el ejercicio honesto de sus funciones y las políticas anticorrupción del Gobierno.
A contribuir con la instalación y consolidación de un modelo de gestión pública que garantice los derechos de las personas, la eficiencia, los resultados oportunos de los servicios y la buena calidad de esos.
A luchar firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado.
A obedecer los principios del buen gobierno y la buena administración, dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales, familiares y personales.
Por último, a mantener una relación de respeto a los derechos de los ciudadanos, en un contexto de cordialidad.
