El terremoto magnitud 7,2 que azotó el sur de Haití el sábado 14 de agosto terminó por añadir una nueva tragedia a un país que aún no terminaba por asimilar el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en medio de la pandemia del covid-19.
Hasta este lunes, el Gobierno haitiano reportaba más de un millar de víctimas fatales y unos 6.900 heridos en los departamentos Sur, Grand’Anse y Nippes. En cifras preliminares, se estimaron más de 13.500 casas destruidas y otras 13.700 viviendas con daños. El primer ministro Ariel Henry declaró estado de emergencia en el país y se comprometió a «actuar con más celeridad» para ayudar a los damnificados.
«La gestión de la ayuda va a ser acelerada«, dijo Henry sobre la movilización de la comunidad internacional para aliviar la situación humanitaria actual, incluyendo las toneladas de alimentos y los equipos de rescate ofrecidos por países latinoamericanos.
Mientras la ayuda humanitaria se encamina a Haití, los ciudadanos viven en la incertidumbre sobre si los envíos podrán ser suficientes para paliar las necesidades básicas de una población que lucha cada día por adquirir lo justo para sobrevivir. Todo esto en medio del recelo que despierta la movilización de la comunidad internacional, con un pasado lleno de abusos, la búsqueda de intereses propios y una completa desorganización para ayudar a los más necesitados en la nación.
Crisis política
El terremoto que sacudió el sur del país ahondó aún más la crisis política que vivía el país, previo al magnicidio de Moïse, presuntamente perpetrado por 18 exsoldados colombianos, un empresario haitiano radicado en Florida (EE.UU.) y 20 policías del país antillano, incluyendo a varios agentes de la seguridad presidencial. Continuar leyendo
