El informe del Ministerio Público detalla que, dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), habría funcionado una organización interna con funciones distribuidas para influir de manera indebida en decisiones administrativas. De acuerdo con la investigación, este grupo actuaba siguiendo las instrucciones del entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, con el fin de beneficiar intereses particulares y asegurar ventajas económicas y políticas para personas cercanas a su gestión.

Las autoridades sostienen que en esta presunta estructura, el consultor jurídico Germán Robles desempeñaba un rol esencial. El expediente lo vincula con la aprobación irregular de prestadores de servicios, interviniendo fuera de los procesos formales y otorgando beneficios específicos a proveedores relacionados con el esquema investigado. Su función habría sido, según el documento, legitimar decisiones previamente concertadas.

Otro de los implicados es Francisco Iván Minaya, gerente de Salud. La acusación indica que Minaya dirigía reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores, que habría sido creado al margen de la normativa. En este cargo, presuntamente homologaba acuerdos y habilitaciones pese a la existencia de informes que advertían incumplimientos técnicos o legales por parte de algunos proveedores.

El Ministerio Público también señala a Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario, quien supuestamente ejercía presión interna para permitir o ampliar la inclusión de prestadores sin cumplir requisitos documentales o reglamentarios. Estas gestiones, según el expediente, favorecían a grupos previamente seleccionados dentro del entramado.

Asimismo, se atribuye participación a Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, a quien se acusa de respaldar de manera reiterada actas administrativas que formalizaban decisiones ya tomadas por la presunta red. Su firma habría servido para legitimar maniobras internas previamente articuladas.

Las autoridades afirman que estos funcionarios no habrían actuado en cumplimiento del interés colectivo ni de las normas que rigen la administración pública, como la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y la Ley 87-01 de Seguridad Social. Por el contrario, se les vincula con un esquema estructurado que habría utilizado recursos estatales para fines particulares, en detrimento del patrimonio público y del sistema nacional de salud.