La jueza Yanibet Rivas, Del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantuvo este miércoles la prisión preventiva a dos imputados en el caso Coral 5G, quienes buscaban su libertad a través de la revisión obligatoria de medida de coerción.

Los encartados Julio Camilo de Los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, seguirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tras estos no presentar nuevas presupuestos que valiera variar la medida.

El tribunal entendió que no han variado las condiciones para cambiar la prisión preventiva, explicó el fiscal Miguel Collado, representante del Ministerio Público.

Asimismo, dijo que estaba pautado la audiencia de revisión obligatoria de los imputados en caso Coral, cuyo entramado delictivo presuntamente lo dirigió el mayor General, Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, Tanner Flete, pero fue dejada sin efecto, debido a que el juzgado le varió la medida el pasado seis de este mes.

Además, recordó que el general del Ejército de República Dominicana, Boanerges Reyes Batista y Franklyn Mata Flores, sometieron un recurso de apelación en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, especialmente en la Segunda Sala Penal, cuya decisión fue ratificada el pasado cinco de diciembre, por tanto no tiene razón de ser.

“Cuando se conoce una apelación y se ratifica, vuelve a contarse desde cero, así lo establece el Código Procesal Penal”, explicó Collado a la prensa.

En el documento establece que e establece que el general Viola es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones.

El entramado que se extendió por el cuerpo castrense del país desde el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) hasta el Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).

En el expediente 5G, en el que se acusa a De los Santos Viola, también están implicados su esposa, María del Alba Trinidad y los padres de esta, identificados como Elida María Trinidad Santiago y Manuel de Jesús Alba Solano.

Supuestamente la pareja del general le sirvió de testaferro para colocar a su nombre en bienes adquiridos con fondos sustraídos Cusep, cuyos montos superan en la supuesta red más de cuatro mil millones de pesos.