SANTO DOMINGO,.-Santiago Hazim, junto a su sobrino Rafael Martínez Hazim y el empresario Eduardo Read, permanecerán bajo custodia en la Procuraduría General de la República debido a las pesquisas que los vinculan con un presunto entramado de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), según confirmó una fuente cercana al proceso.

De acuerdo con esa información, los tres serán trasladados al Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional ubicado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde quedarán detenidos mientras avanza el expediente.

Meses atrás, investigaciones revelaron una serie de anomalías dentro de SeNaSa durante la administración de Hazim, incluyendo contratos cuestionados y posibles desvíos de fondos. Estas revelaciones motivaron indagatorias oficiales cuyos resultados fueron remitidos a la PGR. El procurador adjunto Wilson Camacho había adelantado recientemente que el caso tendría movimientos importantes en los próximos días.

La investigación de la Procuraduría gira en torno a un presunto desfalco millonario operado mediante contratos firmados con empresas sin operaciones verificables, las cuales recibían pagos del Estado a cambio de servicios médicos cuya ejecución está en tela de juicio.

Entre los acuerdos bajo revisión se encuentra uno suscrito cuando Hazim dirigía SeNaSa con la compañía Khersum, presidida por Eduardo Read. Dichos contratos contemplaban pagos sustanciales independientemente del volumen real de servicios prestados, lo que ha levantado sospechas sobre su transparencia.

Asimismo, se analiza la participación de My Care, marca creada por Martínez Hazim para ofrecer servicios de telemedicina con cobertura de SeNaSa, empresa que también obtuvo beneficios contractuales durante ese período.

El expediente reúne montos elevados que habrían perjudicado al Estado dominicano. Con el caso ya en fase avanzada, las autoridades preparan la presentación formal de cargos relacionados con corrupción, asociación ilícita, colusión y otros delitos contemplados en el marco penal dominicano.