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Esposa e hijas del presidente Abinader rechazan nuevo Código Penal

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REDACCIÓN.Más de 1,000 personas firmaron una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader, entre ellas su esposa Raquel Arbaje y sus hijas Graciela, Esther y Adriana, en la que advierten sobre los «graves retrocesos» en derechos humanos que implica la aprobación del nuevo Código Penal en su versión actual.

El documento, suscrito por activistas, profesionales, organizaciones sociales, académicos, periodistas, juristas y ciudadanos comprometidos, exige un marco legal que proteja efectivamente la vida, la dignidad y la justicia, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

La carta sostiene que no se trata de un «simple cambio legislativo», sino de una «decisión que marcará el rumbo ético y social de República Dominicana».

Entre los puntos más preocupantes, señala una tipificación limitada del feminicidio, restringida a solo tres circunstancias, lo que deja sin reconocimiento cientos de casos de violencia letal contra mujeres. También denuncia barreras probatorias en los casos de violencia intrafamiliar, que invisibilizan agresiones graves y contradicen los estándares internacionales de protección.

Otro aspecto crítico es la prescripción de delitos sexuales, incluso en situaciones de incesto o violación a niñas, priorizando el silencio y la impunidad sobre la justicia. Además, condena la criminalización absoluta del aborto, al excluir las tres causales mínimas: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación o incesto.

Según la carta, esta postura legislativa expone a miles de mujeres y niñas a la muerte, el sufrimiento innecesario o la cárcel.

“Eliminar estas protecciones no es neutralidad: es legislar desde el privilegio y el desconocimiento de la realidad que viven muchas dominicanas”, afirma el documento.

Recuerda que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en el país y que un enfoque punitivo perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.

El mensaje es: sí a una reforma del Código Penal, pero no a costa de «los derechos fundamentales».

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