CARACAS.- El máximo tribunal de Venezuela dictaminó el jueves que el líder autoritario del país, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, a pesar de la abrumadora evidencia de que el oponente de Maduro obtuvo más votos.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia afirmó que la victoria de Maduro se basaba en un informe de un grupo de “expertos nacionales e internacionales” y estaba indi
Sin embargo, el tribunal compuesto por aliados de Maduro no compartió ningún recuento para respaldar esta afirmación, a pesar de las exigencias de miles de venezolanos que han protestado en las calles, así como de muchos en la comunidad internacional, que piden que el gobierno presente pruebas de su victoria.
La decisión sorprendió a pocos venezolanos puesto que durante mucho tiempo, el tribunal ha sido utilizado para avalar las políticas de Maduro, quien probablemente utilizará este fallo para reforzar sus pretensiones a la presidencia. Está previsto que su nuevo mandato comience en enero y se prolongue hasta 2031.
También es probable que Maduro utilice la decisión para argumentar que no debe entablar negociaciones con Estados Unidos, Colombia y Brasil, países que han intentado convencer a su gobierno de que publique pruebas de su victoria, reconozca el verdadero resultado de la votación y acepte una transición de poder si el recuento muestra una derrota.
En la noche de las elecciones del mes pasado, el Consejo Nacional Electoral del país, afín a Maduro, dijo que este había obtenido más del 50 por ciento de los votos, pero no aportó ninguna prueba que lo respaldara.
Días después, el movimiento opositor dijo que había obtenido el 67 por ciento de los votos y publicó en su página web un desglose de los resultados por estado e incluso por máquina electoral, utilizando actas recogidas por observadores electorales certificados por el Estado.
Estados Unidos reconoció como vencedor al candidato presidencial de la oposición venezolana, intensificando la condena internacional a unos comicios plagados de irregularidades. Incluso algunos líderes políticos de izquierda de América Latina expresaron serias dudas sobre su supuesta victoria.
Pero en respuesta a las críticas de los gobiernos extranjeros, el líder venezolano simplemente ordenó a algunas de sus misiones diplomáticas que abandonaran el país.
Aun así, la votación planteó el desafío electoral más importante para Maduro desde que llegó al poder en 2013. A lo largo de la temporada de campaña, su gobierno hizo grandes esfuerzos para debilitar a la oposición, incluida la inhabilitación de su líder más popular, María Corina Machado, para evitar que se presentara a las elecciones.
Sin embargo, surgió un movimiento opositor con un enorme apoyo, con Edmundo González, un antiguo diplomático, como hombre en la papeleta de la oposición, respaldado por Machado.
Tras las elecciones, varias revisiones de los conteos realizadas por investigadores y medios de comunicación independientes apoyaron la afirmación de la oposición de que González había ganado. Tanto las Naciones Unidas como el Centro Carter, que enviaron delegaciones a Venezuela para supervisar la votación, dijeron que las elecciones no cumplieron las normas internacionales de transparencia.
En medio de la disputa, Maduro dijo que el Tribunal Supremo del país tomaría una decisión definitiva sobre el resultado de las elecciones.
También envió fuerzas de seguridad y milicias armadas, denominadas colectivos, para reprimir a los miles de venezolanos que protestaron por su victoria después de las elecciones; intensificó la vigilancia digital; anuló pasaportes de activistas y otras personas; e impulsó la aprobación de la llamada ley antifascismo, que facilita la detención de opositores.
Todo ello supone una escalada de la represión en un país que lleva años sufriendo un creciente autoritarismo.
El movimiento socialista de Maduro, el chavismo, lleva 25 años en el poder, durante el cual ha presidido un extraordinario colapso económico y una grave erosión de las normas democráticas.
Estados Unidos ha intentado durante años derrocar al líder autócrata, calificando su reelección en 2018 como una farsa, imponiendo duras sanciones a la industria petrolera del país y, junto con decenas de otros países, respaldando al jefe de la legislatura del país, Juan Guaidó, en 2019, cuando Guaidó se declaró líder interino de la nación.
Nada de eso logró destituir a Maduro.
Muchos expertos señalan que esta decisión judicial confirma lo que ya es evidente: que Maduro no tiene intención de abandonar el poder.
“Maduro y su régimen quieren dejar atrás esta discusión y eso es lo que están indicando”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver. “No hay instituciones que puedan frenarlos porque controlan todas las instituciones”.
Es posible, añadió, que un gobierno autoritario se derrumbe, y mencionó ejemplos en Medio Oriente y Europa del Este. Pero esas son las excepciones, dijo.
“Muchas veces estos regímenes hacen este tipo de cosas y permanecen en el poder”, añadió.
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, dijo en declaraciones televisadas que la decisión del tribunal “cierra un capítulo del proceso electoral venezolano”.
“Ha triunfado el Estado de derecho”, añadió.