SANTO DOMINGO.– Más de 2,000 millones de pesos ha administrado la gestión del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, desde que asumió el cargo en junio del año 2021 hasta la fecha. Sin embargo, a juicio de varias personalidades, poco es lo que ha hecho al frente de esa entidad, cuya función principal es salvaguardar los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales.
Para el año 2024, el Defensor del Pueblo tuvo un presupuesto de 425 millones de pesos. Según los datos, el incumbente devenga un sueldo de 350,000 pesos mensuales, con una asignación de 125,000 pesos en gastos de representación. A esto se suma un monto de 40,000 pesos para combustibles, lo que asciende a un total de 515,000 pesos mensuales.
El Defensor del Pueblo fue creado en el año 2001 mediante la Ley 19-01, durante el gobierno del entonces presidente Hipólito Mejía. Su función también incluye vigilar el desempeño de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. No obstante, para muchos, se ha convertido en un instrumento burocrático, consagrado constitucionalmente en la reforma del 2010, pero que «no defiende a nadie». Señalan que el actual incumbente se limita a realizar campañas de promoción personal a nivel nacional.
Un dato relevante obtenido por este programa es que, supuestamente, la Defensoría del Pueblo deposita los recursos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que alegadamente los administra. Fue durante la gestión de la exdirectora de la institución, Zoila Martínez Guante, cuando se construyó el edificio que aloja a la entidad, ubicado en la avenida 27 de Febrero, próximo a la calle Caonabo, en las inmediaciones de Manganagua, Distrito Nacional.
En los últimos años han salido a relucir algunos programas de la Defensoría del Pueblo. Entre ellos se encuentra “La Ruta de los Derechos”, consistente en visitas a las provincias, para el cual supuestamente se destinaron 25 millones de pesos en 2024. Otro programa en curso es “Diálogo Comunitario”, que implica visitas a los municipios del país y contó con una asignación de 20 millones de pesos. También está el programa denominado “Encuentros Regionales”, que según se informa, será implementado en el futuro.
Mientras todo esto ocurre, el Defensor del Pueblo no parece abocarse a lo que realmente debería ser su prioridad. Un ejemplo es el controversial caso de la intervención en el centro de retención de motocicletas, conocido como “El Canódromo”, donde se desarrolló un proceso judicial que concluyó con la condena de una coronela de la DIGESETT, entonces encargada de ese recinto.
Es deber del Defensor del Pueblo investigar situaciones como los presuntos intercambios de disparos, la problemática que enfrentan residentes y comerciantes de la Zona Colonial, las denuncias de los ciudadanos de Gazcue respecto al tránsito de vehículos pesados —prohibido por normativa, pero ignorado por la DIGESETT y el INTRANT—, así como las dificultades que atraviesan agricultores del noroeste, especialmente los bananeros, campesinos afectados por la presa de Monte Grande entre Azua y Barahona, y productores de ajo y cebolla de San Juan y Constanza, quienes llevan años esperando el pago de miles de quintales por parte del Ministerio de Agricultura.
Un hecho reciente fue la muerte de una ciudadana estadounidense en circunstancias no esclarecidas en el centro de retención migratoria Vacacional de Haina, en San Cristóbal. En ese caso, el Defensor del Pueblo realizó una visita al lugar, pero lo hizo acompañado del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, y una comisión conjunta, lo que levantó sospechas sobre si todo ya estaba preparado para mostrar una escena favorable.
Para muchos, resulta preocupante que una institución creada para proteger los derechos de los ciudadanos se perciba cada vez más distante, burocrática e ineficaz en el cumplimiento de su misión.