SANTO DOMINGO.– En el marco del proceso judicial que involucra al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, su equipo legal solicitó al tribunal la exclusión total de los informes elaborados por la denominada Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como de sus 559 anexos, al alegar que dichos documentos fueron producidos al margen de la ley y en violación de garantías constitucionales fundamentales.

El abogado Eduardo Núñez, quien encabeza la defensa, sostuvo que los informes carecen de validez jurídica debido a que fueron elaborados sin permitir la contradicción, la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en contravención del artículo 69 de la Constitución. Afirmó que no se trata de un ejercicio técnico ni imparcial, sino de documentos confeccionados para justificar acciones previamente decididas y sostener una narrativa ajena a los hechos reales.

Según explicó Núñez, entre los años 2021 y 2024 se realizaron supuestas auditorías sobre expropiaciones del Ministerio de Hacienda atribuidas a una Unidad Antifraude que no existía legalmente. Indicó que estos trabajos se ejecutaron sin notificación a los involucrados, sin acceso a la información y sin observancia del debido proceso administrativo, lo que los convierte, a su juicio, en actuaciones nulas desde su origen.

La defensa señaló que dichos informes fueron utilizados durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, pese a que el órgano que los produjo no fue creado formalmente hasta el 14 de julio de 2025, mediante el Decreto 382-25. Núñez agregó que dicho decreto también es inconstitucional, al asignar facultades que afectan derechos fundamentales mediante una disposición que, según la Constitución, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo.

“El hecho de que primero se fabriquen informes y años después se cree el órgano que supuestamente los elaboró evidencia que no estamos ante simples errores, sino ante actuaciones inválidas desde su origen”, afirmó el jurista, al advertir además sobre una presunta violación al principio de separación de poderes.

Contexto del caso

La defensa reiteró que demostrará durante el proceso que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan. Explicó que la acusación se sustenta en dos tipos de pagos que han sido presentados como irregulares, pero que en realidad corresponden a obligaciones legales del Estado.

El primero se refiere a pagos por expropiaciones realizadas incluso décadas atrás, muchas de ellas ordenadas mediante sentencias judiciales firmes y tasadas por organismos oficiales. En numerosos casos, los propietarios esperaron años para recibir el pago, lo que, según la defensa, desmonta la versión de supuestos “pagos express”.

El segundo caso involucra un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas, operación que, según Núñez, no implicó salida de fondos del Estado ni beneficio a particulares, y fue registrada como reducción de deuda pública.

La defensa enfatizó que no hubo daño al patrimonio estatal, ni beneficio personal, ni decisiones discrecionales, y que toda la actuación está respaldada por documentos oficiales, contabilidad pública y peritajes ordenados por el tribunal. Aseguró que con las pruebas a presentar quedará demostrado que la acusación carece de sustento.