SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) amplió este jueves las medidas de control sobre proveedores del Estado, adoptando acciones preventivas frente a presuntas irregularidades detectadas en varios procesos de compras públicas. Como parte de esta disposición, fueron suspendidos de oficio 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas jurídicas y consorcios señalados como parte de una estructura que habría manipulado licitaciones mediante prácticas fraudulentas.

De acuerdo con la resolución núm. DGCP44-2025-004600, las razones sociales afectadas por la medida incluyen a Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL; Mediterráneo Investments Group, SRL y Kury Limited.

También se encuentran suspendidas: Importadora Coav, SRL; Empresas Integradas, SAS; Flexiplas, SRL; Inversiones Nogal Verde, SRL; Agro Avícola Benevento, SRL; Grupo Empresarial Barnichta, SRL; Inversiones Yang, SRL; Topicverse, SRL y Roment, SRL.

En el caso de los consorcios, la medida abarca a Empresas Integradas & Concreto Pretensado; Empresas Integradas & Constructora Yeara; Empresas Integradas & Farmasino; Empresas Integradas & Tankasa y el Consorcio Importadora Integrada (Importadora Coav).

La DGCP advirtió que, conforme avancen las investigaciones, podrían agregarse nuevas personas naturales o jurídicas vinculadas a la misma red de presuntas irregularidades.

La institución explicó que la decisión se sustenta en una investigación administrativa propia y en el proceso penal que desarrolla el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. A estas empresas se les atribuyen presuntos delitos como estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores, entre otras infracciones que impactan directamente el patrimonio público y los procesos de contratación.

A través de un comunicado, la DGCP aclaró que esta suspensión no constituye una sanción, sino una medida cautelar preventiva orientada a salvaguardar el interés público, la competencia y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) mientras avanza la investigación penal.

La entidad destacó que mantener la operatividad de proveedores bajo investigación representa un “riesgo grave e inminente”, especialmente cuando existen indicios de colusión u otros delitos que puedan afectar la libre competencia y la transparencia de los procesos.

Asimismo, señaló que permitir su participación podría facilitar la reiteración de conductas irregulares, la obstrucción de procedimientos o la afectación directa de las adjudicaciones en curso.

Antecedentes

La DGCP recordó que, a finales de octubre, remitió a la Procuraduría un informe técnico elaborado junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República. El documento detalla cómo esta presunta estructura habría manipulado procesos de compras públicas, además de incurrir en actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios.

Los hallazgos muestran patrones de participación coordinada, rotación entre adjudicatarios y concentración de contratos en determinados sectores del mercado público.

El informe incluye testimonios de proveedores que aseguran haber sido víctimas de amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que apuntaría a un sistema de intimidación y manipulación que compromete la igualdad y la transparencia en las contrataciones del Estado.