Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) hizo público un informe de auditoría —Resolución AUD-2025-007— en el que se identifican múltiples irregularidades administrativas, fiscales y contractuales en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante el período 2015-2019, recomendando que el Ministerio Público investigue los hechos por posibles implicaciones penales.

La auditoría fue aprobada de forma unánime por el Pleno de la CCRD y expone 11 hallazgos críticos que representan un perjuicio económico estimado en más de RD$2,300 millones (alrededor de US$40 millones).

Principales irregularidades detectadas:

• Ausencia de estados financieros conforme a la normativa contable gubernamental.

• Diferencias entre la nómina física y la presupuestaria, que ascienden a RD$44.4 millones.

• Pagos no justificados por uso de vehículos y horas extras: RD$18.5 millones.

• Cálculos incorrectos del Impuesto sobre la Renta de empleados, por RD$17.6 millones.

• Contratación de asesores sin autorización del MAP, por RD$228.7 millones.

• Incorporación de familiares de funcionarios a la nómina, con una erogación de RD$5 millones.

• Transferencias sin soporte por servicios de inteligencia: RD$270 millones dirigidos al CECCOM.

• Adquisiciones sin procesos de selección, por RD$56.2 millones.

• Pagos sin certificación presupuestaria ni respaldo financiero: RD$174.9 millones.

• Contratación de servicios alimenticios sin documentación de respaldo, por RD$137.4 millones.

• Arrendamiento financiero en violación a la Ley de Compras y Contrataciones, por US$31 millones (RD$1,464 millones), con una diferencia de RD$650 millones entre el valor tasado y el valor pagado.

Función pública y conflictos de interés

Se identificaron prácticas de nepotismo y asignaciones de cargos sin concurso, violando la Ley 41-08 de Función Pública y la Constitución Dominicana (Art. 138). También se documentaron contratos con sobreprecio, adjudicados sin competencia abierta, lo que vulnera la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

Exministros implicados

El informe menciona responsabilidades legales que podrían alcanzar a los exministros Juan Temístocles Montás, Nelson Toca Simó y José Manuel del Castillo Saviñón. La CCRD también solicita al actual titular, Víctor –Ito– Bisonó, que adopte medidas correctivas inmediatas.

Acciones recomendadas

La Cámara remitió el expediente a:

• La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

• La Contraloría General de la República

• La Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Además, se exige al MICM presentar un plan correctivo en un plazo de 25 días calendario, con una única prórroga de 10 días. Este plan deberá ser remitido a los organismos de control, tal como establece la Ley 18-24 y su reglamento de aplicación.

Evaluación jurídica

El informe sostiene que los hechos evidenciados lesionan el patrimonio público y podrían configurar delitos de malversación, colusión y fraude, conforme a los artículos 47, 49 y 54 de la Ley 10-04 sobre la Cámara de Cuentas, y al artículo 169 de la Constitución, que otorga al Ministerio Público la titularidad exclusiva de la acción penal.

“Las irregularidades detectadas comprometen la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios involucrados. Es imprescindible que el MICM implemente mecanismos de control efectivo para evitar futuras transgresiones a la ley y a la Constitución”, concluye el informe.