SANTIAGO.- Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, aplazó para el próximo lunes, la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Alexander Ramón Peña Henríquez y la ciudadana haitiana Luisa Senfre, imputados de tráfico ilícito de migrantes y violación a la ley de protección a niños, niñas y adolescentes.
El caso gira en torno a la acusación contra Peña, quien presuntamente solicitó a una menor de edad con fines de explotación sexual, un hecho que habría sido captado en un video que se viralizó en redes sociales y que las autoridades consideran una pieza clave en la investigación.
Publicidad
La audiencia fue pospuesta para que los abogados defensores, encabezados por Fernando Quiñonez, puedan preparar sus argumentos y la estrategia técnica de defensa. El abogado de Peña criticó con dureza el proceso judicial, alegando que existe una “predisposición” y una “condena pública a priori” contra su representado.
De interés: Emiten orden de arresto contra hombre que intentó pagar 20 mil pesos por niña de 8 años
En ese sentido, Quiñonez afirmó que el Ministerio Público está actuando “basado en un rumor y en un supuesto video”, y sostuvo que “no hay víctimas identificadas” en el expediente.
Asimismo, destacó que su cliente, identificado como exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, “no es un delincuente” y que su renuncia al cargo “debe ser tomada en cuenta” dentro del proceso.
Solicitud de la medida de coerción por el MP
La medida de coerción fue solicitada en contra de Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, quienes son imputados por hechos ilícitos relacionados a la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y la violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad.
Esos hechos constituyen una violación a los artículos 1, 3 y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como los principios V, VI y VII y el Artículo 14 de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes.
Además de la medida de coerción, el Ministerio Público, representado por Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, y Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, solicitan que el tribunal autorice al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional y al Ministerio Público extraer y analizar las informaciones que contiene un teléfono móvil ocupado en el caso y a expedir un informe técnico pericial.
