SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su preocupación por la intoxicación sufrida por varios estudiantes de la Escuela Ana Celeste Fernández, ubicada en La Guama, tras una fumigación realizada en predios agrícolas cercanos.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, calificó el hecho como una situación grave y pidió una intervención inmediata, recordando que no es la primera ocasión en que las fumigaciones afectan la salud de alumnos y docentes.

“Las autoridades de Salud Pública, Agricultura y el propio Ministerio de Educación deben actuar de manera firme. Hemos sugerido que, si es necesario fumigar, se haga a partir de las 4:00 de la tarde, en fines de semana o en días feriados, cuando no haya docencia”, indicó Hidalgo.

El dirigente también criticó la “falta de voluntad política” de las instituciones involucradas y advirtió que de no corregirse el problema, podría cobrarse la vida de una persona. Señaló que ya existen afectaciones permanentes en la salud de niños, padres y profesores, debido a los químicos que se esparcen en una parcela de arroz ubicada en la zona.

Deficiencias 

En otro orden, el presidente de la ADP denunció el deterioro y las deficiencias que persisten en diversos centros educativos del país, situación que ha puesto en riesgo el normal desarrollo del año escolar.

“Estamos emplazando al Ministerio de Educación para que ofrezca una respuesta urgente. Hay escuelas que no cuentan con las condiciones mínimas para impartir una educación de calidad”, afirmó.

Entre los planteles visitados por la ADP se encuentran la Espejo La Milagrosa, en Boca Chica; el Evangelina Santos Bergés y el Orlando Martínez, en Ciudad Juan Bosch; la Minerva Tavares Mirabal, en Brisa del Este; y la Fray Bartolomé, en Los Frailes.

El gremio detalló que varios de estos centros tienen laboratorios sin equipar, falta de profesores, espacios improvisados y condiciones precarias, como ocurre en Brisa del Este, donde una escuela funciona en un play, con aulas de cartón y solo dos baños para más de 500 estudiantes.

“Estamos exigiendo al ministro Luis Miguel De Camps que atienda el informe que entregamos sobre la crítica situación del sistema. Los niños y niñas tienen derecho a una educación digna, y el Estado debe garantizarla”, concluyó Hidalgo.