Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) divulgó un informe de auditoría sobre el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) correspondiente al período 2016-2020, en el cual se identifican faltas administrativas y financieras graves, por lo que la entidad ha remitido los hallazgos al Ministerio Público y ha otorgado un plazo de 25 días para la entrega de un plan de mejora institucional.

El reporte, que supera las 500 páginas, revela transgresiones reiteradas a las normativas sobre compras públicas, contabilidad estatal, control interno y obligaciones tributarias, que podrían tener consecuencias penales y civiles.

Directores del período auditado

Durante el lapso examinado, la dirección ejecutiva del INAIPI estuvo a cargo de:

• Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín (04/12/2014 – 02/12/2016)

• Berlinesa Franco (02/12/2016 – 08/04/2020)

• Kenia Lora Abreu (08/04/2020 – 20/10/2020)

• Besaida María Saniana Sierra (20/10/2020 – 21/08/2024)

Principales hallazgos

En la “Investigación Especial sobre Procesos de Compras y Contrataciones”, la CCRD identificó fallos estructurales en la gestión financiera y operativa del INAIPI, destacando un “colapso del sistema de control interno y contabilidad gubernamental”.

Según el órgano fiscalizador, protocolos clave no fueron respetados, lo que limita la transparencia en el uso de recursos públicos. También se subraya la ausencia de rendición de cuentas por parte de funcionarios, en violación del Artículo 245 de la Constitución, que ordena un sistema contable único y armonizado.

Daño al erario y evasión fiscal

El informe apunta a una mala administración de fondos públicos, lo que ha generado un potencial daño al patrimonio del Estado. Además, se identificaron retenciones fiscales y de seguridad social no declaradas, lo cual afecta directamente a la DGII y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

La CCRD advierte que estas omisiones contradicen el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, dependiente de la recaudación fiscal para cumplir con los derechos fundamentales, como ha reiterado el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0203/13.

Irregularidades en contrataciones

Se documentan también procesos contractuales irregulares, con adjudicaciones que beneficiaron indebidamente a empresas relacionadas con personal del INAIPI, y descalificaciones sin fundamento legal, lo que vulnera la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Estos procedimientos estuvieron marcados por falta de publicidad, competencia desleal y parcialidad, según la auditoría, lo que sugiere un patrón de favoritismo a contratistas específicos.

Posibles implicaciones penales

El documento señala la existencia de indicios de colusión y fraude, figuras contempladas en el Artículo 419 del Código Penal Dominicano y en la Ley 42-08 de Defensa de la Competencia.

Por ello, la CCRD remitió los resultados al Ministerio Público para la apertura de investigaciones penales contra los responsables, ya sea por acción directa o por negligencia administrativa.

Medidas requeridas

La Cámara de Cuentas exige que el INAIPI presente un plan correctivo en un plazo de 25 días, el cual deberá ser evaluado por la Contraloría General de la República y supervisado por el propio órgano auditor.

El documento también propone:

• Fortalecer los controles internos mediante auditorías frecuentes.

• Capacitar al personal en compras estatales, ética y fiscalidad.

• Sancionar a los responsables y recuperar recursos públicos mal manejados.

Llamado al cumplimiento constitucional

Finalmente, la CCRD recalca que las irregularidades encontradas violan los principios constitucionales de eficiencia, transparencia y economía en la administración pública (artículo 138), así como el principio de lucha contra la corrupción (artículo 146).