El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex funcionarios del pasado gobierno comenzaron a asumir su defensa en los medios de comunicación, ante los ataques y acusaciones que reciben de los actuales funcionarios, algunos de los cuales han aireado públicamente supuestas anomalías e irregularidades que habrían encontrado de la anterior administración.
Múltiples denuncias han ido fluyendo en los últimos días, a cargo de varios funcionarios recién posesionados en puestos claves, quienes revelan haber encontrado desórdenes administrativos, financieros y técnicos en las instituciones que recibieron de la pasada gestión gubernamental.
En medio de las denuncias, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, llegó a decir, recientemente, que los pasados funcionarios veían al gobierno como una “piñata”, a la que iban a ver qué encontraban.
ACUSACIONES Y RESPUESTAS
A la acusación del ministro de Educación, Roberto Fulcar, en el sentido de que las pasadas autoridades no dejaron nada planificado para el inicio del año escolar, técnicos y ex funcionarios refutaron estas declaraciones en un documento, en el que entre otros señalamientos afirman que el gobierno del PLD dejó una resolución, un protocolo y un plan de acción, todo esto atinente para el inicio de las clases.
Afirman que entre los avances del plan de acción ante el Covid-19 están unos 20,000 docentes capacitados en el uso de las TIC (virtualidad) para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
DENUNCIA EN CULTURA
El ministro de Cultura saliente, Eduardo Selman, reaccionó ante el pronunciamiento de su sucesora en el cargo, Carmen Heredia, en el sentido de que recibió la sede de esa institución “en estado deplorable”.
Tras considerar la acusación de injusta, Selman dijo que es inadecuado el pronunciamiento de la actual titular del ministerio de Cultura, y afirmó que imprimió a la institución “una dinámica ejecutoria, considerada en la opinión pública como muy efectiva, tanto en las actividades culturales, como en la readecuación y restauración de las edificaciones y lugares del Ministerio en la capital y en las provincias”.
EN EL PLAN SOCIAL
La exdirectora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba, tras rechazar la desaparición o sustracción de los discos duros del área de informática de la institución, como se alega, dijo que las informaciones de esa dependencia quedaron resguardadas en un centro de servidores y colocado en el sistema de almacenamiento de dato computacional denominado nube.
Al responder acusaciones en ese sentido del propio presidente Luis Abinader, reiteradas luego por la actual incumbente Yadira Henríquez, Guaba precisó que las demás informaciones del Plan Social están disponibles en su página web y en las instituciones que monitorean esa gestión, como la Dirección de Presupuesto y Compras y Contrataciones Públicas.
AUTORIDAD PORTUARIA
Ante la denuncia del nuevo director de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, quien dijo encontró una deuda de RD$1,500 millones, el seguro médico de los empleados suspendido por falta de pago y discrepancias en los estados financieros que se presentaron, el saliente titular de Apordom, Víctor Gómez Casanova, respondió en sus redes sociales divulgando una publicación que hizo un periódico de circulación nacional hace más de dos años, donde se recogen declaraciones suyas admitiendo que esa entidad atravesaba por una crisis financiera.
“Con relación a la Rueda de Prensa ofrecida esta mañana (el jueves) por el nuevo Director Ejecutivo de @PortuariaRD me remito a estas declaraciones nuestras, publicadas por el periódico @ElNacionalRD en fecha 19/Febrero/2018”. En dicha publicación se titula lo siguiente: “Director confirma Portuaria está en crisis financiera”.
PROMESE-CAL
Mientras que el exdirector de Promese-Cal, Enriquillo Matos, reaccionó sorprendido con declaraciones del presidente, Luis Abinader, de que las autoridades salientes de esa institución no entregaron las claves de las computadoras, razón por la que se desconoce el inventario.
Matos se manifestó dispuesto a ir con técnicos a examinar el sector informático para que avalen si la denuncia en cuestión es correcta o falsa.
