República Dominicana.– Desde el año 2017 hasta marzo de 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) han incautado un total de RD$6,946,955,659.95 millones, en cheques y en efectivo.
Esta suma incluye dinero en efectivo encontrado tanto en moneda nacional como extranjeras, como parte de múltiples procesos penales y acciones judiciales contra redes del crimen organizado y lavado de activos. Del monto total, RD$49,313,129 millones fueron incautados directamente en moneda dominicana.
DECOMISOS EN MONEDAS EXTRANJERAS
Sin embargo, la mayor parte del botín decomisado proviene de dólares estadounidenses, que alcanzan los US$11,340,130 millones, equivalentes a RD$6,680,481,192.31millones (a la tasa actual de 58.9×1).
En euros, la suma incautada fue de es de Є$ 1,323,155, millones, equivalente de RD$88,717,542.75 millones También fueron confiscadas otras monedas de curso legal en distintos países, entre ellas COL$3,689,416 pesos colombianos, cuyo valor en moneda dominicana es de RD$ 51,658.26, y un millón 64 mil 543 bolívares (venezolanos), 78 mil 312 pesos.
En las incautaciones también se retuvo un millón 377 mil 896 goudes (haitiano), con un valor aproximado de 620 mil 464 pesos dominicanos, y mil 100 dólares jamaiquinos, equivalentes a 410 pesos con 62 centavos.
Las autoridades también confiscaron 406 libras esterlinas, que representan 32 mil 74 pesos, y cuatro mil 640 dirhams marroquíes, igual a 29 mil 502 pesos con 37 centavos.
Entre las monedas menos frecuentes se cuentan 36 yenes japoneses, con valor de apenas 14 pesos, mil 706 dólares canadienses, equivalentes a 72 mil 496 pesos, 1,000 liras italianas, con un monto de 34 pesos con 82 centavos, 780 francos suizos, que representan 55 mil 790 pesos, dos mil 193 pesos mexicanos, con un valor estimado en seis mil 584.48 pesos, y 65 baht tailandes que equivalen a mil 145 pesos.
Este dinero ha sido incautado en el marco de investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos, corrupción y otros delitos complejos, en muchos casos como parte de procesos judiciales que han involucrado redes transnacionales.
De acuerdo con las leyes, el dinero incautado queda bajo custodia estatal hasta que un juez dicte sentencia definitiva que confirme su decomiso.
Una vez esto ocurre, las sumas son transferidas al Estado y administradas conforme a las normativas establecidas a la Ley contra el Lavado de Activos y la Ley de Extinción de Dominio, que determinan el destino final de estos recursos económicos.