Por Pablo Vicente
El encuentro entre los derechos humanos y las políticas públicas ha sido una preocupación reciente en la región, las políticas implementadas por varios países de América Latina y el Caribe en el período reciente se enmarcan en una nueva visión de un desarrollo social e inclusivo, se plantea una nueva mirada a los procesos de desarrollo en el cual el rol del Estado vuelve a ganar importancia.
La superación de la pobreza y la indigencia, la inclusión social, la disminución de la desigualdad y los avances hacia una protección social de carácter universal y basada en derechos pasan a ser elementos centrales de esa estrategia, Su efectiva implementación exige la construcción de una institucionalidad adecuada que contribuya a la disminución de la pobreza y la desigualdad.
El enfoque de derechos se fundamenta en la necesidad de propiciar la construcción de una nueva relación Estado-sociedad que sea capaz de trascender las jerarquías y se oriente hacia una visión más integral de la gestión pública.
Asimismo es necesario considerar que el ser humano es el centro de la decisión pública y por tanto las decisiones deben estar orientadas a lograr la vigencia y garantía de sus derechos y la mejora progresiva de su calidad de vida; el enfoque en derecho destaca el reconocimiento de las personas como titulares de derechos. Este reconocimiento implica a su vez un cambio en la aproximación y forma en que son concebidas las políticas públicas, pasando de la percepción de personas con necesidades que deben ser asistidas a sujetos con derecho a demandar ciertas prestaciones y acciones de parte del Estado y los gobiernos, así como a ser parte de su definición y ejecución.
Frente al panorama social que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas se hace imperativo avanzar en la elaboración de políticas basadas en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de los derechos desde una visión integral, trascendiendo enfoques cuya rigidez no permite contemplar las especificidades de los grupos más vulnerables de la población.
Indiscutiblemente tenemos como sociedad importante desafíos, las políticas basadas en el enfoque de derechos pueden constituir una oportunidad estratégica para consolidar procesos de desarrollo con equidad y avanzar hacia sociedades más justas y equitativas en Latinoamérica.
