Treinta y tres proveedores del Estado han sido suspendidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) entre el 17 de agosto de 2020 y 11 del presente mayo por falsificación de documentos, incumplimiento de contratos y otras fallas.
Para estas inhabilitaciones han sido emitidas 35 resoluciones, de las cuales 13 son ordenando la inhabilitación con carácter permanente y 22 temporales.
“Entre estos casos, fueron identificados dos proveedores que cometieron faltas paralelas en distintas instituciones, y por tanto fueron sancionados por cada una de ellas”, dice una nota de prensa del órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Declaró que como una manera de evitar prácticas colusorias y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado público, el sistema de monitoreo diseñado por la DGCP identificó recientemente a 14 oferentes vinculados a un mismo grupo de accionistas durante un proceso de contrataciones en el que participaron 80 proveedores.
Según el párrafo III del artículo 66 de la Ley 340-06, la DGCP podrá inhabilitar a los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) por un periodo de uno a cinco años, o permanentemente, dependiendo de la gravedad de la falta.
El artículo 28 del Reglamento 543-12 establece lo que se considerará falta leve, grave o gravísima.
