A la negligencia del Ejecutivo se suman los escándalos que han lastrado la reputación del mandatario, cuyo hermano, Juan Antonio Hernández, fue acusado por fiscales federales estadounidenses de tráfico de “toneladas de cocaína a través de Honduras” con destino final EE UU. La DEA también investigó al propio presidente por supuesto vínculo con el narcotráfico internacional. El infierno en el que se ha convertido Honduras ha llevado a decenas de miles de sus ciudadanos a salir en caravanas rumbo a EE UU, lo que ha agravado la crisis migratoria que mantiene tensas las relaciones entre el Gobierno de Donald Trump y el mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Las manifestaciones comenzaron en abril, tras la aprobación de controvertidas reformas para reestructurar los sistemas sanitario y educativo, que fueron interpretadas por médicos y maestros como la llave para abrir las puertas a despidos masivos en el sector público y privatizar la salud y la educación. Al rechazo al plan reformista se unieron miles de estudiantes, convocados en redes sociales, que pronto exigieron el fin del mandato de Hernández bajo la etiqueta #FueraJOH (por las iniciales del nombre del mandatario). A finales de mayo un grupo de encapuchados prendió fuego a neumáticos en la entrada principal de la embajada estadounidense en Tegucigalpa. «El país está viviendo un estado de insubordinación nacional», explica el analista Meza desde Tegucigalpa. «Comenzó como una bola de nieve, pero ahora es un bola de fuego», dice, aunque advierte que «es un movimiento que puede debilitarse. Tiene la fortaleza de la espontaneidad, pero carece de estructura y organización interna que le den sostenibilidad en el tiempo».
El Gobierno respondió con una dura represión que movilizó a centenares de antidisturbios para reventar las protestas. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, acusó a los manifestantes “de no querer entender la ley” y dijo que los decretos pretendían “mejorar las escuelas” hondureñas. Tras el rechazo generalizado —que ha paralizado hospitales y escuelas—, el Ejecutivo derogó las reformas, pero las protestas han continuado y a ellas se unieron transportistas y un sector de la Policía Nacional.
Aunque los transportistas lograron un acuerdo con el Ejecutivo la madrugada del jueves, los manifestantes continuaron con el cierre de carreteras en varios puntos del país, quemaron neumáticos y se enfrentaron a los antidisturbios. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran a centenares de oficiales fuertemente armados movilizados en varias ciudades del país. “Las protestas en Honduras continúan y Juan Orlando Hernández no da tregua a quienes valientemente salen a las calles. El aparato represor esta en práctica. Demandamos fin a la represión”, dijo en Twitter Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Hernández repite mandato en Honduras después de que la Sala Constitucional declarara en abril de 2015 inaplicable para él el artículo pétreo de la Carta Magna hondureña que prohíbe la reelección presidencial. Las ambiciones de reelección que al expresidente Manuel Zelaya le costaron el cargo en Honduras, expulsado por un golpe de Estado en 2009, las repitió Hernández casi sin oposición ni escándalo internacional.
El mandatario fue declarado triunfador de las polémicas elecciones de 2017, consideradas fraudulentas por la oposición. El resultado electoral causó un gran descontentó que llevó a miles de hondureños a las calles y socavó la legitimidad de un mandatario incapaz de aportar soluciones a los problemas que atormentan a los hondureños.
«Es un gobernante que se mantiene gracias al respaldo que le da hasta este momento la cúpula militar y Washington, porque Hernández es un aliado muy obediente de EE UU en materia de seguridad regional, pero también es un aliado incómodo, por sus vínculos con el narcotráfico internacional y por la corrupción reinante», concluye el analista Víctor Meza.
Fuente: elpais.com
