Plan Internacional y la Colectiva Mujer y Salud realizaron el acto de lanzamiento del proyecto “Niñas, no esposas: prevención del matrimonio infantil forzado en República Dominicana”, que impactará más de 1,580 niñas y adolescentes de 12 a 18 año en 10 comunidades de las provincias de San Juan y Elías Piña, con énfasis en la población migrante.
El proyecto, que se ejecutará con el financiamiento de la Unión Europea, pretende apoyar a gobiernos locales, nacionales y regionales a fortalecer, capacitar e implementar leyes y políticas que prevengan el matrimonio forzado y las uniones tempranas.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) en República Dominicana en el 2014 el 12.5 % de las dominicanas entre 20 y 49 años se casaron o unieron antes de los 15 años y el 37 % antes de los 18 años, y una de cada 5 adolescentes (23.4%) entre 15 y 19 años está actualmente casada o unida con un hombre 10 años mayor.
Los datos se agudizan en la región de El Valle, la cual se compone por las provincias de Elías Piña y San Juan. El matrimonio forzado y las uniones tempranas son prácticas nocivas que ponen en riesgo de violencia, abuso, mala salud y embarazo precoz a las niñas y es una grave violación de sus derechos humanos.
La acción impactará, además, a 500 padres, madres y tutores que habitan en 10 comunidades, 40 líderes religiosos a nivel provincial, 160 docentes, orientadores y psicólogos de los centros educativos, 70 miembros de Mecanismos Comunitarios de Protección, opinión pública a nivel nacional, 3 Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos (JLPRD), 2 Directorios de CONANI, 30 jueces, fiscales y personal policial a nivel nacional y provincial y el Congreso de la República.
El acto, que tuvo lugar en la Gobernación Provincial de San Juan de la Maguana contó con la presencia de los representantes del ente ejecutor, de las comunidades, autoridades locales del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), gobiernos locales y la fiscalía.
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