Pedernales, R.D. – La intervención militar en terrenos agrícolas ubicados en la comunidad de Las Mercedes, Pedernales, ha generado tensión y denuncias de abusos por parte de residentes y propietarios de predios, quienes aseguran haber sido desalojados de forma violenta, sin previo aviso ni orden judicial, como parte de operativos vinculados a la exploración de tierras raras en la zona.
Más de diez fincas fueron desmontadas por equipos pesados, según los testimonios, y sus propietarios reportan destrucción de viviendas, cercas, corrales y la dispersión del ganado vacuno, caprino y ovino. Algunos denunciaron que fueron golpeados, arrastrados y que sus teléfonos celulares fueron destruidos por militares supuestamente pertenecientes al Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Martín Feliz, uno de los afectados, afirmó que al exigir ver una orden judicial durante la intervención, fue silenciado por un oficial que se identificó como coronel y le respondió con un «cállese», sin ofrecer mayor explicación. Una joven que acompañaba a su madre, Isabel Feliz, denunció haber sido empujada por tratar de grabar con su celular el operativo.
Los hechos se enmarcan en el creciente interés por los yacimientos de tierras raras, minerales estratégicos utilizados en tecnología y energías renovables, cuya presencia ha sido confirmada en la zona. La actividad ha estado acompañada de operativos militares que, según residentes, han escalado en intensidad en las últimas semanas.
Mauricio Cuevas, dueño de uno de los terrenos intervenidos, fue detenido brevemente tras oponerse a la demolición de estructuras en su propiedad y pedir la presentación de documentos legales que justificaran la acción.
La situación alcanzó mayor notoriedad cuando, según versiones, al procurador fiscal Alexander Pérez se le impidió el paso al área intervenida por parte de un contingente militar que alegó cumplir órdenes «emanadas desde la Presidencia».
Varios afectados insisten en que están dispuestos a dialogar con el Gobierno, pero rechazan el desalojo forzoso sin compensación. «Aquí nacimos, aquí criamos a nuestros hijos. No nos vamos a ir sin que se respeten nuestros derechos», expresó uno de los moradores.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial detallada sobre los desalojos, aunque el Gobierno ha reiterado públicamente que supervisa los trabajos de exploración minera en la región.
