La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por Compras y Contrataciones Públicas, en la que establece que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) sí podía hacer compras directas, y sin contratos, que fue lo que avaló la Unidad de Auditoría Interna (UAI).
En un comunicado de prensa la Contraloría informa que analizó los resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas a la OMSA, en el cual desestima que Contrataciones respalda esas compras, según el artículo 1 de la Resolución 15-08.
El artículo 1 de la resolución avala la compra o contratación directa para los pasajes aéreos, combustible o vales de combustibles y la reparación de vehículos de motor. Este señalamiento está establecido en la comunicación DGCP44-2016-00194 y notificada a la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Precisa que hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado a la CGR de que la Resolución 15/08 haya sido derogada.
En una carta que envía el contralor al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, el funcionario precisa que los informes de la investigación hecha a la OMSA en 2012 y 2017, en la cual señala que solo se incluyen unos meses de la actual gestión de la Contraloría y que de acuerdo al artículo 23 de la Ley 10-07 el titular de cada entidad es el principal responsable de controlar internamente la institución que dirige y que la Contraloría tiene a bien orientar y supervisar respecto a las normas aplicadas.
“Para la Contraloría General de la República constituye un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esta Resolución 15-08”, recalca el documento.
De igual modo, deja claro que esa resolución entró en vigor a partir de la fecha de la firma, el 4 de noviembre de 2008 y que la CCRD no notificó ninguna objeción al respecto.
Indica que al obviar esa resolución, la Cámara de Cuentas generó la mayoría de las observaciones que presenta en sus informes, “por la ausencia de contratos y otras debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada”, al destacar que esta no fue hecha solo para la OMSA, sino que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, que crea la base legal a la Contraloría.
En el documento oficial la CGR indica que el rol de su personal instalado en las entidades es verificar que los procesos se hayan realizado ajustados a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las demás normativas vigentes y no a responsabilidades que corresponden directamente a los titulares de cada institución según lo establece la Ley 10-07, en su artículo 25.
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