Faltas y debilidades del Poder Judicial y la Procuraduría fueron más que evidentes. Hubo fallas no solo en el debido proceso sino también en casos de feminicidios y delitos sexuales a menores y adolescentes.
Este año 2019 puso en evidencia debilidades y violaciones en el sistema de justicia que si bien eran conocidos por sus actores, no ocurría lo mismo con la sociedad en sentido general.
El prevenible asesinato de la abogada Anibel González Ureña, en San Pedro de Macorís, destapó una olla de presión que no solo salpicó al Ministerio Público, responsable de prevención y persecución en casos de violencia doméstica y de género, sino también al Poder Judicial en cuanto a su rol de supervisar y garantizar que se dé cumplimiento a lo establecido en los códigos Penal y Procesal Penal.
Anibel González y Juana Domínguezmurieron luego de que la Fiscalía de San Pedro de Macorís llegara a acuerdos para la suspensión penal del procedimiento con las exparejas de ellas, tras haber intentado asesinarlas de diversas estocadas. La suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género, Margarita Hernández, fue enviada a prisión por presuntamente incurrir en actos de corrupción, en tanto que Pedro Núñez, fiscal titular de esa demarcación permanece suspendido de sus funciones.
Pero González y Domínguez no son las únicas en cuyos casos se llegaron a acuerdos. Según las estadísticas del Poder Judicial, solo en el año 2018 se homologaron 843 procedimientos penales abreviados y suspensión condicional del procedimiento en casos de violencia intrafamiliar y de género, de los cuales 209 se firmaron en el Distrito Nacional, 121 en San Pedro y 111 en Santiago.
Las deficiencias en el sistema también se evidenciaron cuando Diario Libre dio a conocer que menos del 10 por ciento de los casos de delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y adolescentes llegan a judicializarse por parte del Ministerio Público y que en los casos en donde se produjeron sometimientos a la justicia, los resultados no fueron los que se esperaban.
Por agresión sexual, violación, acoso, incesto, seducción y exhibicionismo, las fiscalías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago, entre los años 2014 y 2018, recibieron 19,057 denuncias en tanto que, para ese mismo período, los tribunales de las referidas demarcaciones dictaron 700 sentencias condenatorias a personas sometidas por esos delitos.
La Fiscalía del municipio Santo Domingo Este recibió 11,429 denuncias por delitos sexuales entre 2014 y 2018. Ese dato comparado con las 316 condenas dictadas por los tribunales de Santo Domingo representaría el 0.027% del número de denuncias, pero ese porcentaje en realidad es menor debido que SDE es un segmento del Departamento Judicial de Santo Domingo.
Santiago recibió 4,939 denuncias y solo ha tenido ganancia de causa en 249 expedientes acusatorios, para un 5% del total de casos recibidos.
De los 2689 casos reportados al Distrito Nacional en igual período, 465 fueron judicializados. El desempeño fue de la manera siguiente; 2014 un 26%; en año 2015 el desempeño positivo fue de 29%; en el 2016 de 25%; para 2017 subió a 59% y en 2018 solo ganaron el 18% de los casos sometidos.
Esas estadísticas demuestran que de los casos judicializados en menos de la mitad se obtienen los resultados esperados.
Otro hecho bochornoso propiciado por la Procuraduría General de la República, que se evidenció no solo en las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sino también durante la audiencia preliminar del caso Odebrecht, tuvo que ver con las intervenciones telefónicas a los aparatos de comunicación de la expresidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, así como a familiares y allegados de los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht en el país.
Haciendo pasar el número telefónico de la exjueza como el de una persona vinculada al narcotráfico, la Inspectoría del Ministerio Público, órgano responsable de investigaciones al personal de esa institución, solicitó autorización para intervenir el móvil. Se presume que las informaciones con las que, violando el debido proceso, el procurador Jean Alaín Rodríguez la confrontó en el CNM se obtuvieron por esa vía y no de una denuncia anónima como había afirmado.
Confrontar a la jueza sin que ella tuviera previo conocimiento de la “denuncia anónima” que le llegó al procurador empañó el proceso de evaluación de los entonces jueces de la Suprema Corte, así como fue marcado por los comentarios de Modesto Martínez Mejía, juez de la Corte de Apelación de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, quien aspiraba a ocupar uno de los puestos vacantes. El magistrado, quien se definió como un juez “rabiosamente independiente”, fue enfático al decirle a los consejeros: “Sin una justicia independiente no vamos a tener país nunca”. El CNM cambió a casi todos los jueces evaluados y eligió a Luis Molina como presidente de la Suprema. Molina renunció al Partido de la Liberación Dominicana horas antes de su juramentación.
Juez
