La legislación sobre drogas de la Republica Dominicana, que data del año 1988 (ley 50-88), estableció que el 15% de los recursos provenientes de los bienes decomisados en casos de drogas están destinados a las organizaciones no gubernamentales que desarrollan programas de prevención y tratamiento.
El 85% se destina al Estado mismo, a través de entidades gubernamentales. 14 años después, sin haberse cumplido nunca la ley en este sentido, la ley 172-02, recogió este mismo criterio en el artículo 33. 18 años después (2006), se empezaron a entregar estos recursos, sin reconocer la deuda acumulada.
La flamante Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, también deja vigente este artículo. Sin embargo, esto de nada sirve, pues de nuevo este aspecto de la ley es “letra muerta”. Ya nuestros gobernantes habían reincidido en su visión de menospreciar el trabajo de prevención y tratamiento a las personas afectadas. Esto a pesar de que solo son nuestras organizaciones las que se ocupan del aspecto más importante frente a las drogas: las personas y sus familias.
En nuestro país las autoridades evidencian cada día su escaso interés en desarrollar una política efectiva frente al fenómeno de las drogas. Se sigue aplicando una política absurda que solo apuesta por reducir la oferta, por el control y la represión. Se deja solo en mano de autoridades represivas un complejo problema humano y social, aunque los resultados no autoricen esta terca irresponsabilidad. La otra estrategia, la reducción de demanda, queda fundamentalmente en manos de organizaciones sociales, aunque esta debería ser la prioridad del Estado.
Desde el mes de agosto del año 2016 – hace ya un año y medio- , la aplicación de este artículo que provee recursos que tanto necesitan nuestras instituciones se ha suspendido de nuevo. Sin ninguna explicación, puesto que justificación no puede haber, el gobierno decide reincidir en su violación a la ley y adjudicarse el 100% de estos recursos. Este apoyo que ordena la ley, es para muchas organizaciones sociales el único recurso que el Estado dispone para atender la demanda creciente de la sociedad en materia de drogas, una responsabilidad que los gobiernos nunca han asumido con seriedad.
Desde Casa Abierta hemos planteado a las autoridades el problema que esto genera a nuestras instituciones. Pero no hemos podido acceder a una explicación y mucho menos solución a esta nueva muestra de incoherencia e indolencia oficial. Parece que nuestros gobernantes, apoderándose de estos magros recursos, apostaran a la desaparición de las organizaciones sociales, las únicas que de forma altruista desarrollan sus programas en el complejo problema de las drogas.
Con esta nueva suspensión es evidente que el gobierno no actúa dentro de la ley. Se deben entregar ya, el 15% que manda la ley, que, incluyendo los pendientes desde septiembre 2016, ya suman casi 20 años de deuda. Desde Casa Abierta, demandamos enérgicamente el cese de esta violación de parte de las propias autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley.
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