SANTO DOMINGO.– Imponen arresto domiciliario contra los 10 imputados involucrados en una supuesta red de sobornos en instituciones públicas denominada Operación Lobo.

A los acusados que no colaboraron con el Ministerio Público, también se les impuso impedimento de salida. El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó prisión domiciliaria para los implicados en una supuesta red de militares y civiles acusados de estafar al Estado con más de 100 millones de pesos mediante sobornos.

El juez tomó la decisión al considerar que los imputados no representan peligro de fuga, declaró que el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, quienes no colaboraron con el Ministerio Público tendrán impedimento de salida.

Mientras que para los encartados que declararon su culpabilidad ordenó solo la prisión domiciliaria. Estos son: el coronel Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz; Quilvio Rodríguez, quien es propietario de la Empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase); el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolivar Nicolás Fernández Espinal.

Asimismo, acogió el pedimento del Ministerio Público y declaró el caso complejo.