WASHINGTON, D.C.– Más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan un panorama migratorio incierto en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema autorizara la revocación del programa de parole humanitario, impulsado por la administración del presidente Joe Biden y cuestionado por el expresidente Donald Trump.
La decisión del máximo tribunal, emitida el 30 de mayo sin argumentación escrita, respondió a una apelación de emergencia presentada por el equipo legal de Trump. La medida permitirá avanzar en la cancelación masiva del estatus migratorio de cientos de miles de personas, muchas de las cuales podrían ser sometidas a procesos de deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.
¿Qué es el parole humanitario?
El programa, implementado en 2022 y ampliado en 2023, permitía el ingreso legal y temporal de migrantes por hasta dos años, siempre que contaran con patrocinadores financieros y cumplieran con verificaciones de seguridad. Según datos publicados por The New York Times, más de 530,000 personas se beneficiaron de esta vía, establecida como alternativa a los cruces irregulares en medio de crisis humanitarias en sus países de origen.
Disidencia y advertencias
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron votos disidentes. Jackson advirtió que el tribunal subestimó las consecuencias devastadoras de permitir la revocación del estatus migratorio “mientras los reclamos legales aún están pendientes”.
Trump busca desmontar políticas migratorias de Biden
La revocación del parole humanitario forma parte de una ofensiva más amplia del expresidente Trump contra los programas migratorios de la administración Biden. En enero, firmó una orden ejecutiva que eliminaba permisos colectivos, y en marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación generalizada del parole.
En respuesta, varias organizaciones presentaron demandas en cortes federales. En abril, una jueza en Massachusetts falló que la terminación masiva del parole violaba la obligación legal de realizar evaluaciones caso por caso. Posteriormente, el Primer Circuito de Apelaciones suspendió temporalmente la medida, pero la decisión de la Corte Suprema ahora permite que la revocación avance.
Preocupación económica y social
La medida ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, empresarios y gobiernos locales. De acuerdo con USA Today, los beneficiarios del programa han ocupado puestos esenciales en sectores como la salud, la construcción y la manufactura, representando hasta un 20 % de la fuerza laboral en algunas industrias.
Organizaciones legales advirtieron que muchas de estas personas cumplieron con todos los requisitos legales y ahora podrían ser enviadas de regreso a países donde enfrentan riesgos de persecución o muerte.
En febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) suspendió el procesamiento de nuevas solicitudes, alegando la necesidad de reforzar los controles contra el fraude.
Incertidumbre legal continúa
Aunque el fallo de la Corte Suprema permite avanzar con la revocación, los litigios continúan en instancias inferiores. Expertos advierten que el escenario legal sigue abierto y que la incertidumbre persistirá durante los próximos meses.
Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California, afirmó que los migrantes se ven forzados a una “elección imposible: quedarse y arriesgar la deportación o abandonar voluntariamente el país, renunciando a sus solicitudes legales”.
El pasado 19 de mayo, la misma Corte ya había autorizado la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, en otro duro golpe a las políticas migratorias de la era Biden.
De concretarse, la medida sería, según USA Today, “el mayor evento de ilegalización migratoria masiva en la historia moderna de EE.UU.”