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Desafíos de la nueva Suprema 

Por: Leonel Martínez 

Uno a veces sueña, pero hay circunstancias en que la vida suele dar más de lo soñado. Este es el caso del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ha llegado a la cima de este poder del Estado, quizás sin nunca imaginar esa posibilidad. Pese a que sus niveles de formación profesional y habilidades gerenciales se corresponden con tan alta posición.

El magistrado Luis Henry Molina, tiene de frente grandes desafíos. Y  los son porque el sistema de justicia arrastra una gran crisis de identidad. Es uno de los tres poderes del Estado, sin embargo, parece no tener poder, es dependiente  en lo económico y  esencialmente para la elección de su cúpula.

¿A menos que se quiera negar que el Consejo Nacional de la Magistratura sea un intruso dentro del Poder Judicial? Porqué cómo justificar la presencia del legislativo y el ejecutivo en la elección de los jueces supremos, mientras los magistrados no intervienen ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados en la selección de sus Bufetes Directivos.

El sector judicial es “un poder sin poder”. No se debe negar que la Justicia es la cenicienta de los poderes del Estado, porque tiene cada año que mendigar sus recursos presupuestarios. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo manejan los fondos públicos a su antojo, sirviéndose con la “cuchara grande”. Esto se refleja en los salarios y beneficios percibidos por funcionarios y legisladores, los cuales son verdaderos privilegios.

Aunque la constitución establece con claridad que “Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones”, el Poder Judicial implora por un aumento de las partidas económicas asignadas. A pesar de que los servicios judiciales en el sector inmobiliario y en otras áreas, generan, en pago de impuestos, los ingresos que demanda la justicia para su eficiente funcionamiento. Pero lo recaudado nunca alcanza para ella.

Una simple comparación revela el desequilibrio en la balanza estatal de los poderes. Por ejemplo, una obra pública de la que se construyen en el país puede ser varias veces superior al presupuesto judicial.  Es indudable que  en algunos proyectos del gobierno se consume varios años presupuestarios del Poder Judicial, pese a que se describe la justicia como la más excelsa de todas las funciones del Estado.

La administración judicial exhibe por doquier éxitos gerenciales que demuestran la manera eficaz con que se manejan los chelitos asignados, y que no se usan para aumentar sueldos a un personal cuyos salarios están deprimidos por el alto costo de la vida, sin una esperanza a la vista. Contra la justicia se comete una injusticia que niega los valores de un real Estado de derecho.

Una realidad positiva se aprecia en la justicia al observar el antes y el después.  Hoy la reforma muestra logros y transformaciones innegables que presentan otra cara de esta importante tarea. Como modelo de que los exiguos recursos recibidos son bien administrados.

En este sector no hay boatos ni despilfarros, contrario a lo que acontece por los predios palaciegos y del Congreso, en los cuales la bonanza es inocultable. Es lamentable, pero un Poder Judicial sin recursos no es poder, porque hasta en el Cuarto Poder son esenciales los cuartos.

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